La reciente entrada en vigor del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España marca un punto de inflexión decisivo para el sistema asistencial. El sector confía en que sea, realmente, una gran oportunidad para garantizar la sostenibilidad y la calidad en la atención y en el sector de los cuidados en el futuro.
Y es que, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, España deberá incorporar 261.400 trabajadoras adicionales en cuidados de larga duración para 2030, por lo que el sistema necesitaría situarse en torno a 751.300 profesionales en ese horizonte temporal para garantizar una cobertura adecuada.
Esta necesidad de mano de obra cualificada coincide con la realidad de un sector donde, se estima, aproximadamente el 50% de las empleadas del hogar son mujeres migrantes, una cifra que se dispara cuando hablamos del régimen de interna. A pesar de ser las encargadas de sostener el día a día de miles de personas mayores, gran parte de este colectivo operaba en la invisibilidad -sin contratos, sin cotizaciones a la Seguridad Social y, por tanto, sin acceso a una red de protección laboral-.
Ante este escenario, organizaciones sociales y expertos del sector han sido claros bajo el lema «Regularizar es cuidar», señalando que «aflorar el empleo sumergido es, ante todo, un acto de justicia que dignifica una labor esencial para la columna vertebral de nuestra atención a la dependencia». Y es que, con el proceso de regularización, gran parte de estas trabajadoras podrán no solo obtener «papeles», sino tener acceso a derechos fundamentales.
En definitiva, la reciente medida aprobada por el Gobierno abre una ventana de oportunidad única para miles de cuidadoras que, hasta ahora, sostenían el sistema de dependencia desde la invisibilidad de la economía sumergida.